Disección de la democracia hondureña

Definitivamente a la democracia es muy difícil de entenderla. Algunos periodistas, locutores de radio y reporteros de la televisión –especialmente un comentarista de Univisión que cree encarnar el alma de los latinos— pecan por mirar a la democracia en forma superficial y sufren de una miopía política generada por su falta de entendimiento a cuestiones enteramente jurídicas y teóricas.

Les propongo hacer una disección a la democracia de Honduras. Agarremos un bisturí filoso y cortemos toda esa parte superficial grasosa de la democracia hondureña para observar su esencia y su funcionalidad.

Entonces veremos el corazón de la política de este país concentrado en tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y contrapuestos uno al otro, tratando siempre de que uno no ostente más poder que el otro.

En gran filósofo francés, Charles-Louis Montesquieu, le puso del nombre de “controles y balances” a la relación de estos poderes en su obra seminal El Espíritu de las Leyes.

Asimismo, una vez de haber abierto el cuerpo de la democracia hondureña, observaremos a los diversos grupos de interés promoviendo sus propias agendas. A diferencia de los partidos políticos, los grupos de interés no buscan tomar directamente el poder del estado, sino que su actividad en la política se remite a consolidar fines particulares e influenciar al gobierno en forma sutil e indirectamente.

De momento, los grupos económicos han demostrado lealtad a la nueva dictadura de Roberto Micheletti porque su gobierno garantiza el status quo y les ofrece proteger sus riquezas. Por el contrario, los grupos sociales y las asociaciones sindicales han preferido inclinarse por la agenda del depuesto presidente Manuel Zelaya. Como todo líder de izquierda, Zelaya les ha prometido alcanzar el cielo a través de un gobierno que promueve igualdad económica. Ese cuento sabemos que sólo existe en el mundo utópico de Carlitos Marx.

Por supuesto que no pueden faltar otros grupos de interés, como algunos medios de comunicación, que repiten como loros –muchas veces en contra de la democracia— los nuevos parámetros políticos del gobierno de facto de Michelleti.

Dentro del cuerpo magullado de Honduras también se encuentran los cabilderos y las organizaciones económicas internacionales. El Banco Mundial y especialmente el Fondo Monetario Internacional fueron dos pilares del periodo conocido como “Neoliberalismo” o las políticas que dejaron al mundo al borde de la bancarrota. Por ahí oculto, detrás de un pulmón, yace el rostro siniestro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En cuestiones de golpe de estado, a la CIA nunca se lo puede descartar.

Todos estos grupos de interés, sin excepción, se pelean unos contra otros para determinar la agenda del gobierno. En su afán de influenciar debilitan el funcionamiento de los controles y balances.

En el caso hondureño, raras veces se ha visto a un sistema político equitativo. Durante la época neoliberal, tanto el Partido Nacional como el Liberal (anterior a Zelaya) fueron hegemonizados por grupos de interés de la derecha. Zelaya tomó parte de la vanguardia de su partido político mostrando un rostro conservador. El afán de reelegirse, lo hizo pelear con su propio partido e irremediablemente lo conllevó a los brazos de Hugo Chávez. Ahora es otro de sus hijos.

La constitución hondureña, al igual que la estadounidense, no es un documento hecho de hierro. Tiene flexibilidad. Está expuesta a la revisión de los magistrados y está abierta a una enmienda constitucional. Además, puede ser cambiado por medio de un plebiscito universal.

Al fin y al cabo, la Constitución es un “pacto social” de los componentes de la sociedad.

En este sentido, aquí en Estados Unidos o en cualquier país de América Latina, el Ejecutivo y el Legislativo tienen todo el derecho de cambiarla. Claro, cuando esto sucede, se nota que existe una crisis política institucional.

El hecho de que muchos comentaristas y periodistas busquen en la constitución hondureña un argumento para avalar la destitución del gobierno de Zelaya es uno de los principales indicadores de la falta de conocimiento de la teoría democrática y del gobierno de este país.

Racismo de la derecha

Se ve con toda claridad –de arriba hacia abajo y de izquierda a la derecha— que la nueva propuesta de un grupo de activistas radicales de la derecha atenta contra los derechos constitucionales de un sector de la ciudadanía.

Su nueva meta ahora es negar la ciudadanía a los hijos de las personas indocumentadas. Esta propuesta no tiene otra intención que crear odio, racismo y volver al antro de la segregación.

“Los ilegales y sus hijos cuestan al estado multi-millones de dólares. Es una invasión a través de la procreación”, dijo Barbara Coe, la misma persona que inició la campaña de la propuesta 187 en 1994, el cual tuvo como objetivo quitar los beneficios públicos a niños en edad escolar.

Recordemos que el electorado californiano aprobó la propuesta 187 con un porcentaje de 59 a favor y 41 en contra. Empero, un juez federal lo halló inconstitucional.

Del mismo modo, el nuevo plan de propuesta es prácticamente irrealizable e inconstitucional. Sin embargo, la morbosidad y el atrevimiento de la gente que la propone es lo que nos debe preocupar.

Los líderes de estos grupos radicales pretenden utilizar la crisis económica como una carta para lograr el apoyo del electorado californiano. Es probable que logren acumular las firmas necesarias para que esta propuesta sea incluida en la papeleta de sufragio de las elecciones de 2010. En el peor de los casos, puede ser que el electorado californiano, al igual como ocurrió con la Prop. 187, apoye esta propuesta racista.

Sin embargo, la Constitución es muy clara con relación al tema de la ciudadanía. La enmienda 14 de la Constitución del Estado dice claramente: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, por ende su jurisdicción, son ciudadanos de los Estado Unidos y del estado en donde [estas personas] residen”.

Una enmienda a la Constitución del Estado es una tarea difícil y casi imposible de alcanzar. No es como en Venezuela o Bolivia, en donde los presidentes de estos países propusieron un plebiscito a nivel nacional a través de maniobras cuestionables y lograron cambiar la forma de gobierno.

A simple vista, el grupo liderado por organizaciones ultraconservadoras, el cual incluye a Dana Rohrabacher, representante republicano de Huntington Beach, pretende –si se quiere— utilizar ese mecanismo latinoamericano para cambiar la Constitución.

Por cuestiones de estrategia, ignorancia y mala información, estos grupos no toman en cuenta que, para enmendar la Constitución, se necesita la aprobación de 2/3 de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados (representantes), la ratificación de 3/4 de los gobernantes de cada estado. Es decir los representantes y el gobernador de 37 de los 50 estados tienen que aprobar la enmienda por mayoría simple. Finalmente, se necesita la firma del Presidente.

A estas alturas, es más fácil revivir a un muerto que cambiar la Constitución.

De todos modos, la comunidad latina no puede quedarse con los brazos cruzados ante este nuevo atropello contra nuestros hijos. Los medios de comunicación y activistas políticos han recomendado que la participación política es fundamental para que nuestros derechos sean respetados. Por lo menos debemos apersonarnos a las cabinas de sufragio cuando el sistema democrático nos requiere hacerlo. Votar es una obligación moral.

Sistema de seguro médico encancerado

Al “pobre” senador Edward Kennedy lo dejaron más enfermo que nunca. Presentó un proyecto de salud pública universal en el Senado. Los golpes le llovieron por el flanco derecho, allí donde se sientan los que defienden a los intereses de la industria aseguradora, de las empresas farmacéuticas, de la asociación de doctores, de los HMOs, en fin, del gran capital.

Así como destruyeron el plan de Hillary Rodham Clinton, a pocos meses del mandato presidencial de su esposo, nuevamente este conglomerado de actores políticos poderosos empezaron a conciliar sus diferencias, armaron un plan de defensa prusiano y ahora están listos para atestar con uñas y dientes contra el proyecto Kennedy. Lo quieren muerto.

El sueño del senador Kennedy es crear un proyecto de salud pública similar al que a él le otorga el gobierno federal.

Una persona pobre o de clases media bajo las mismas condiciones de salud de Kennedy, pero sin un seguro médico y con un sistema de hospitales que cobran una fortuna, no hubiese tenido ninguna opción de vida.

Ante una situación económica desesperante, la población mayoritaria norteamericana prefiere priorizar las necesidades primarias (comida, techo y cobija) antes de gastar mensualmente en un sistema de seguros privados. Sólo cuando existe una situación de apremio, como un infarto respiratorio, una peritonitis o un problema que requiere de un trabajo quirúrgico inmediato, etc., dichas persona acuden a la sala de emergencia de un hospital.

En muchos casos, el servicio profesional de doctores y enfermeras/as prevalece, pero en otros las enfermedades están demasiadas avanzadas. Los pacientes no hacen más que despedirse.

Empero, en ambas situaciones, las consecuencias económicas del trabajo de emergencia son inconmensurables. Valen miles de dólares. En una emergencia los doctores y enfermeras hacen un trabajo riguroso para que el paciente pueda restablecerse de su enfermedad. También invierten mucho tiempo para librarse de cualquier tipo de responsabilidad legal que pueda comprometerlos en un juicio de malpráctica.

No queremos especular con una cifra exacta, pero sí podemos certificar que las familias con escasos recursos no tienen dinero suficiente para pagar unas cuentas estrafalarias. Incluso, familias de nivel económico medio que tienen un seguro médico privado no tiene capacidad de pagar el porcentaje mínimo del Premium o del costo total de los gastos por el trabajo de emergencia.

¿Entonces quién paga? En algunos casos, los hospitales tienen capacidad de absorber algunos costos. Otros centros de salud que están fuertemente asediados por muchos pacientes sin seguro médico tienen que recurrir a la ayuda del gobierno estatal, de patrocinadores privados y el alma caritativa de algún rico que los ayude.

Al final, es el gobierno, es decir los contribuyentes (nosotros a través de nuestros impuestos), es el que paga los platos rotos de un sistema de salud engusanado, lleno de fechorías y limitado a dejar grandes réditos a las aseguradoras, a los HMOs y a un grupo de “aves rapiñas” que lucran con la enfermedad de la gente.

El proyecto del Senador Kennedy precisamente encara estos problemas y trata de crear un sistema que nos pueda dar una luz de esperanza a aquellos que no tenemos un seguro médico. A fin y al cabo, la salud no es un privilegio sino un derecho.

Suicidio político

Recientemente una coalición de grupos latinos cristianos en Washington, D.C. propusieron boicotear el censo que se llevará a cabo el próximo año.  Aparentemente es una forma de protesta y de presión para que el gobierno de Barack Obama solucione el problema migratorio.

Para algunos, esta propuesta suena como buena estrategia.  En el fondo, sin embargo, es un suicidio político encarnizado que producirá más lamentos que alegrías en la comunidad latina.

            Los medios de comunicación, incluyendo a La Opinión, ya se encargaron de propagar información en torno a las repercusiones negativas si la comunidad latina se niega a ser incluida en el censo.   Si nos negamos habrá menos fondos federales para la educación de nuestros niños, para el desarrollo de la vivienda, salubridad, transporte, proyectos asociados con los gobiernos municipales, organizaciones no lucrativas, etc.

Al gobierno no le importa si una persona es indocumentada o documentada.  A los burócratas de Washington sólo les importante saber el número de habitantes de un determinado estado, condado y/o municipio; cuál es la población de niños/as, de adolescentes, de personas de la tercera edad; si hay más hombres que mujeres; si somos casados, solteros o divorciados; cual es el nuestro nivel de educación y económico; a que grupos étnico nacional pertenecemos; si rentamos o tenemos nuestra propia casita; si tenemos autos o caminamos para movilizarnos; etc.

Las preguntas de un censo son, en general, concretas.  No deben discriminar o deben pretender ayudar a algún sector de la población.

Los datos del censo son extremadamente importantes para que el gobierno federal haga su tarea con mayor efectividad; distribuya los recursos económicos ecuánimemente, proponga proyectos políticos y sociales en forma  justa.  Sin esos datos, el gobierno federal sería como una entidad invidente sin capacidad de ver las necesidades de su población.

A través de los datos que le produce el censo y especialmente con la ayuda de investigadores sociales y económicos en los centros universitarios o instituciones especializadas de investigación (think tanks), el gobierno se nutre de todo tipo de proyectos y recién tiene la capacidad de implementar políticas.

            La regla normalmente es, cuánto más grande la población de una ciudad, mayores son las necesidades económicas y sociales para mantener a su población en armonía relativa.  Los Ángeles, Nueva York o una ciudad cosmopolita gigante son como una familia con muchos hijos.  El gobierno tiene más mayor responsabilidad de dotarles recursos económicos para coartar problemas sociales.

Si entidades académicas o investigadores privados informan, a través de un estudio, que los niveles de crimen en una ciudad ha incrementado –Compton está entre los más afectados—, es muy probable que el gobierno presione a los dirigentes municipales (alcalde y concejales) que los recursos federales se distribuyan en áreas de reducción de crimen.

En la rama política sucede casi lo mismo.  A mayor número de gente en un estado, mayor es la necesidad de representantes.  En este sentido, los distritos electorales también sufren transformaciones con los datos del censo.

            Así, es muy importante que la comunidad latina ignore el llamado de aquellas personas que insisten en boicotear el censo.  No nos pongamos la soga en el cuello.  Todos, especialmente la población indocumentada, tenemos la obligación a llenar los formatos del censo.

Dilema de los nuevos graudados

Las universidades están en un periodo de graduaciones.  Muchos familiares muestran el beneplácito de ver a sus hijos, hermanas y amigos recibir un pergamino que tiene validez moral y económica en la sociedad.  Después de todo un título universitario es un indicativo de muchos de sacrificio, de entrenamiento y de preparación para confrontar a las peripecias del mercado laboral.

La Primera Dama, Michelle Obama, estuvo en la Universidad de California en Merced aplaudiendo la tenacidad y la perseverancia de los estudiantes.  “Necesitamos tus ideas.  Necesitamos tus recursos [intelectuales]… Sueña en grande… Y por favor retribuyan a la comunidad”, dijo.

Mientras tanto, el Presidente Barack Obama fue a la Universidad de Notre Dame, donde muchos católicos fundamentalistas protestaron su posición de Pro-Choice en torno al aborto.  Inicialmente el Presidente se dedicó a suavizar a sus críticos y luego invitó a los nuevos profesionales a que busquen oportunidades en el mercado laboral, aunque les advirtió que actualmente la situación no es tan promisoria.  “Ahora, ustedes, generación 2009, están a punto de entrar en la próxima fase de sus vidas en un momento de incertidumbre”, subrayó.

La mayoría de los nuevos profesionales se insertarán en el mercado laboral presentando un resume (hoja de vida o curriculum vitae), que ahora incluye un pergamino de licenciatura, maestría o doctorado.  Los más destacados y aquellos –especialmente de las universidades elitistas— que tienen una conexión directa con magnates, dueños de empresas, políticos, probablemente no tendrán ningún problema en conseguir un trabajo con una buena remuneración económica.

En tanto, la mayoría de los nuevos profesionales retornará a su casa con la cabeza cohibida y desilusionados por no encontrar un trabajo.  Entonces alguno que otro cuestionará si la inversión de cuatro años –diez o doce en el caso de un Ph.D.— y la energía que depositaron durante muchos años para lograr una carrera profesional haya sido digno de su esfuerzo.

Encima, el nuevo profesional debe preocuparse en sus deudas universitarias.  El promedio de deuda de estudiantes de licenciatura de la generación 2006 (universidad pública y privada) fue de $19,976.  En 2007, la deuda media en una universidad pública fue de $19,400, en una privada fue de $25,700.  De acuerdo a un reporte de la Asociación del Colegios de Médicos (AAMC), el promedio de deuda en 2008 de un nuevo doctor de medicina (universidad pública y privada) fue de $141,751.   A todo esto hay que añadir, un interés de aproximadamente de 6% de la deuda principal.

Al final, la cuota se hace estratosférica, difícil de pagar.  La situación empeora si el trabajo sólo renumera para solventar los gastos necesarios de la casa y no logra un excedente para pagar las deudas y los intereses.

            Sin embargo, con todas las deudas que significa el proceso de educación, es mucho mejor tener un título profesional y especializarse en una rama específica que depender de la fuerza bruta como instrumento de trabajo.

            La situación económica agobia a los nuevos profesionales, pero eso no implica a que debemos disuadir a las nuevas generaciones a que no se preparen.   Eso si, el sistema universitario tiene que mejorar sus ramas de enseñanza y buscar formas modernas y más acordes a los nuevas reglas del mercado.

Condenados, crucificados y glorificados

            El mes de mayo ha sido infernal para algunas estrellas latinas.  Las cámaras escandalosas de los paparazzis bajaron al padre Alberto Cutié del cielo y lo colocaron en las playas de Miami; lo pescaron engolosinado con una mujer angelical, le tomaron algunas fotos y lo crucificaron en la portada de una revista sensacionalista.

            En la ciudad de Los Ángeles, las autoridades médicas que examinan residuos de substancias peligrosas en los atletas de béisbol, encontraron una porción de “ganodotropina coriónica humana” (HCG) en el cuerpo ostentoso, fornido, pero enfermizo de Manny Ramírez.  Se nota, a leguas, que ha estado utilizando vías extra deportivas y condenables (esteroides entre otros) para proporcionarse de un cuerpo impresionante, que en su forma natural, no mataría una hormiga desnutrida.

De acuerdo a los testimonios de Víctor Conté, fundador de la empresa BALCO, misma que se encargaba de suministrar substancias prohibidas a peloteros de la talla de Mark McGuire, José Canseco, entre otros, dijo que “el HCG se utiliza para balancear los niveles de testosterona [con aquellas personas que han estado ingiriendo esteroides]”.  El HCG es una hormona que la mujer produce en forma natural durante el embarazo, pero que al hombre le sirve para reproducir más testosterona cuando éste entra en un periodo de agotamiento.

            En otras palabras, Manny Ramírez es un tramposo.  Es como si un estudiante universitario se valiera de mecanismos subrepticios, como plagiar el trabajo de otros o copiarse durante un examen, para sacar calificaciones más ponderables.  Las autoridades universitarias no perdonan la deshonestidad de los estudiantes.  Cuando son pescados cometiendo un delito académico, inmediatamente son investigados, condenados y probablemente expulsados.

            Manny Ramírez, Alex Rodríguez y esos deportistas que utilizan substancias prohibidas para inflar sus músculos ilícitamente deben ser castigados por lo menos dos años por la primera infracción y de por vida si persisten.   Conste que las autoridades encargadas de la disciplina de los olímpicos sancionan de esa manera.  El béisbol se mueve con leyes que condonan la ilegalidad de los jugadores.

Por su parte, lo que le sucedió al padre Cutié le pasa a cualquier persona.  Su único pecado es aferrarse demasiado a las leyes anacrónicas de la iglesia Católica y especialmente amar con locura a una mujer encantadora.

Cuando la naturaleza toca la puerta de la virilidad del hombre, no existen salmos ni oraciones que detengan a ese monstruo internado dentro de nuestros corazones.  El amar a una mujer no es un pecado, tampoco lo es admirar su belleza y hacerse llevar por sus encantos; ni mucho menos es pecado sentir un deseo carnal atorrante por la persona que se ama.

El padre Cutié no debería lamentarse que las cámaras depravadas de los paparazzis le hayan cachado fragante amando a la mujer de tu vida.  Yo creo que personas buenas como él, pueden ser servidores de Dios y a la vez ser buenos padres.  La Iglesia Católica tiene que cambiar si quiere excelentes líderes como el padre Cutié.

Mientas tanto, el reconocimiento de su error y una disculpa incolora no deberían ser suficientes para reintegrar al tramposo de Manny Ramírez a la tarima del béisbol.  Peloteros como Babe Ruth o Fernando Valenzuela no necesitaron de esteroides para ser grandes jugadores.

Abuso de las tarjetas de crédito

            Algunos grupos financieros y organizaciones empresariales siguen cometiendo atropellos contra la población.  Les importó poco desbaratar la economía del país, desnudarla y dejarla agonizando en medio del calvario de una recesión histórica que dejó a millones de personas desempleadas.

            Es ya un hecho comprobado que muchas empresas financieras inescrupulosas alteraron las tasas de interés de tarjetas de crédito arbitrariamente sin dar una notificación previa, sin ofrecer un esclarecimiento razonable, ni el motivo por el cual están incrementando –hasta más del 100% en algunos casos— las tasas de interés (APR).

Semanas atrás, el presidente Barack Obama trató de limar algunas asperezas con los máximos dirigentes de este sector en torno a los abusos de tarjetas.  Sin embargo, la mayoría hizo caso omiso de sus críticas.

Lo que les dijo el Presidente les entró por un oído y les salió por el otro inmediatamente.  No hicieron los cambios que prometieron, a pesar de que nosotros, los contribuyentes de impuestos, les salvamos el pellejo, después del desfalco que muchos de ellos cometieron contra la economía.

Con razones injustificables y con el simple hecho de multiplicar sus réditos en forma rápida, las empresas financieras han estado incrementando los intereses de las tarjetas, algunas veces por errores involuntarios del usuario.

Personas que han tenido muy buenos historiales crediticios han visto aumentar sus tases de interés de la noche a la mañana.  Por ejemplo, a una persona (que yo conozco) que es usuario de una tarjeta de crédito de Washington Mutual, (ahora Chase Bank) le subieron de 13% a 30% debido a que se retrazó unos días en el pago de su cuenta mínima.  A la empresa no le importó escuchar que el bill se había extraviado y que nunca llegó a su domicilio.  Esta persona estaba dispuesta a pagar la penalidad por la tardanza ($39), pero solicitaba que su tasa de interés vuelva a su porcentaje anterior.

Lo triste de estas experiencias es que no existe una vía de comunicación transparente y directa con personas especializadas y profesionales que solucionen el conflicto.  Cuando se pone en contacto a través del teléfono, la persona encargada de “servicio al cliente” normalmente nos habla de otro lugar del mundo.  Hay veces son de Filipinas y otras veces de la India.  Esta gente raras veces tiene la cultura se servir en forma profesional ni tampoco tienen el poder de resolver un conflicto.

Ante esta situación desesperante, muchas personas (yo me incluyo) han resuelto no comunicarse con estas empresas.  Están saldando sus cuentas; le están diciendo no al abuso, a la deslealtad y a la falta de cordura de los banqueros.

Por otra parte, al crear oficinas subsidiarias en otros países y ofrecer servicio en nuestro mercado, estas empresas están –de alguna forma u otra— evadiendo impuestos.  En este sentido, el presidente Obama anunció recientemente que iba a poner restricciones serias a las empresas que no cumplen con el fisco.

Ante el caudal de problemas que la gente común y corriente batalla día a día, el abuso de las entidades financieras debe ser sancionado.  Si el gobierno no tiene las ganas ni la energía para hacerlo, usted dígale no más a las tarjetas de crédito.  Rómpalas y pague “cash”.

Proposición 1C y la lotería

El gobierno de Arnold Schwarzenegger y los representantes estatales pensaron que el problema del presupuesto de California lo habían resulto en febrero pasado cuando uno de los senadores republicanos, Abel Maldonado de Santa Maria, decidió abandonar sus filas y unirse a los demócratas.

No, el problema continúa.  El gobierno sigue haciendo malabarismos para rellenar un nuevo déficit de $8,000 millones que mágicamente apareció después de la aprobación del presupuesto.  Esa cantidad podría incrementarse a $14,000 millones si es que electorado californiano le dice NO a una propuesta (1C) que aumentaría el juego de la lotería y aparentemente beneficiaría al estado con un adelanto inmediato de $5,000 millones.

La lotería fue aprobada a través de la Propuesta 37 en 1984 por más del 58% del voto californiano en un momento de crisis, y en un momento en que el sistema educativo necesitaba la infusión de más dinero.  Se acordó que 50% de los haberes sería utilizado para pagar a los ganadores, 16%  iría a gastos de administración y 34% fue específicamente localizado para invertir en la educación.

En un principio se respetó ese acuerdo, pero con el tiempo los que se han estado embolsando el dinero son los administradores, los que se sacan la lotería, y, por que no, los políticos a través del gobierno.

Los grandes perdedores son el sector educativo que ahora sólo recolecta 2% o un poquito más de $1,000 millones.  Es decir, 32% menos de los que se acordó inicialmente.  Otro grupo perdedor son las personas que compran los billetes de lotería, quienes generalmente pertenecen a los grupos económicos de clase baja y son los que más sueñan en convertirse ricachones de la noche a la mañana.

La Propuesta 1C pretende ampliar el sistema de la lotería.  Como verán, el gobierno estaría –si me permiten la palabra— “hurtando” en forma adelantada $5,000 millones de un sistema que se convierte cada día más en una maquinaria de Las Vegas.  En este sentido, el dinero que se logre por medio de estos rubros no se estaría utilizando en la educación de nuestros niños y niñas, sino se estaría destinado a resolver un problema de déficit y limpiar las “números rojos” del presupuesto.

¿Para que ponerle más aprietos a la lotería?  De todos modos los que ganan, con relación a los que pierden, son infinitamente una mínima cantidad.

En vez de crear sueños insulsos e inalcanzables para millones, el gobierno de Schwarzenegger y los representantes en Sacramento deberían estar trabajando en crear y generar más fuentes de trabajo para las familias californianas; deberían estar invirtiendo más capital en la educación básica, media y universitaria.  De acuerdo a los últimos cálculos, sólo los que tienen dinero extra tienen acceso a las universidades.  En vez de ocuparse en la lotería, deberían estar forjando más formas de inversión nacional e internacional en nuestro mercado.  Yo creo que esa es la mejor manera de resolver un problema de déficit.

Sin embargo, el electorado tiene la decisión este 19 de mayo.  No va a ser fácil.  Si dicen No, la economía del estado entraría en una crisis inmediata.  Si es que votan por un Si, el problema del déficit no se resuelve, sólo se posterga.  Usted tiene la última palabra.

Fin del libre mercado?

¿Por qué [el gobierno] no imprime más dinero para resolver el problema económico que tiene el país? Esta pregunta me la hizo mi niña de 12 años y es muy probable que mucha gente –chicos y grandes— también han tenido la curiosidad de saber si este mecanismo nos sacaría de la crisis o nos llevaría a otro calvario económico.

Las nuevas políticas económicas hacen suponer que el actual gobierno de Barack Obama va a imprimir muchos billetes. ¿Será que esta estrategia producirá inflación o generará fuentes de trabajo?

Una recesión ocurre cuando existe escasez de circulante (dinero) en el mercado y hay una variedad de artículos –comida, ropa, artículos suntuarios, casas, etc.— que los empresarios, negociantes, etc. no pueden vender debido a que la gente simplemente no tiene dinero suficiente para gastar. Muchos han perdido sus trabajos, a otros les disminuyeron las horas de empleo.

Ante tal situación lo más obvio sería que el gobierno imprimiera dinero y lo distribuyera en el mercado para acelerar la economía. Eso es precisamente lo que hizo el ex presidente George W. Bush el año pasado con su proyecto de estimulación económica. La mayoría de los contribuyentes recibieron un regalo en dólares por parte del gobierno, más o menos entre $500 y 1,500 dólares.

El gobierno de Bush pensó que ese dinero iba a incitar a la gente al gasto y de esa manera estimular la compra de artículos en el mercado. Por mi parte yo compré una computadora portable. Otros por lo menos utilizaron ese dinero para ir a un buen restaurante.

Sin embargo, una gran parte lo utilizó para pagar sus billes y sus tarjetas de crédito. Al final el estímulo de Bush sirvió muy poco para acelerar la economía. En realidad, lo único que hizo fue detener la recesión que se avecinaba.

El plan de Bush no tuvo ningún sentido económico. Fue como si una persona le hubiera entregando una limosna a un indigente. Muy probable que ese dinero desapareció de sus manos al convertirse en un pedazo de pan, un taco o una hamburguesa. En el peor de los casos, el indigente se compró una caja de cigarrillos o una botella del peor licor. Ese dinero no lo sacará de su situación económica. Lo que realmente necesita es un trabajo por el cual el indigente no solamente pueda salir de su letargo económico sino convertirse en una persona productiva.

En este sentido, el plan del actual gobierno de Barack Obama intenta, como el ex presidente Bush, incrementar el circulante en el mercado. Empero, en vez de regalar dinero, Obama pretende utilizar el circulante en obras gigantes, hacer mancuerna con el sector productivo, invertir en educación, construir carreteras, fomentar la industria y darle un sacudón al sector de salubridad.

Es probable que las medidas de Obama crearán inflación, pero está claro que su proyecto enfatiza hacia la creación de trabajos a través del gobierno.

La economía está siendo revolucionada desde la Casa Blanca. La teoría de mercado y monetarista entró en crisis y está de vuelta la estrategia que emprendió el ilustra economista inglés John Maynard Keynes, quién se destacó por acelerar la economía a través de la intervención del estado. Esa es precisamente la estrategia de Obama.