Disección de la democracia hondureña

Definitivamente a la democracia es muy difícil de entenderla. Algunos periodistas, locutores de radio y reporteros de la televisión –especialmente un comentarista de Univisión que cree encarnar el alma de los latinos— pecan por mirar a la democracia en forma superficial y sufren de una miopía política generada por su falta de entendimiento a cuestiones enteramente jurídicas y teóricas.

Les propongo hacer una disección a la democracia de Honduras. Agarremos un bisturí filoso y cortemos toda esa parte superficial grasosa de la democracia hondureña para observar su esencia y su funcionalidad.

Entonces veremos el corazón de la política de este país concentrado en tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y contrapuestos uno al otro, tratando siempre de que uno no ostente más poder que el otro.

En gran filósofo francés, Charles-Louis Montesquieu, le puso del nombre de “controles y balances” a la relación de estos poderes en su obra seminal El Espíritu de las Leyes.

Asimismo, una vez de haber abierto el cuerpo de la democracia hondureña, observaremos a los diversos grupos de interés promoviendo sus propias agendas. A diferencia de los partidos políticos, los grupos de interés no buscan tomar directamente el poder del estado, sino que su actividad en la política se remite a consolidar fines particulares e influenciar al gobierno en forma sutil e indirectamente.

De momento, los grupos económicos han demostrado lealtad a la nueva dictadura de Roberto Micheletti porque su gobierno garantiza el status quo y les ofrece proteger sus riquezas. Por el contrario, los grupos sociales y las asociaciones sindicales han preferido inclinarse por la agenda del depuesto presidente Manuel Zelaya. Como todo líder de izquierda, Zelaya les ha prometido alcanzar el cielo a través de un gobierno que promueve igualdad económica. Ese cuento sabemos que sólo existe en el mundo utópico de Carlitos Marx.

Por supuesto que no pueden faltar otros grupos de interés, como algunos medios de comunicación, que repiten como loros –muchas veces en contra de la democracia— los nuevos parámetros políticos del gobierno de facto de Michelleti.

Dentro del cuerpo magullado de Honduras también se encuentran los cabilderos y las organizaciones económicas internacionales. El Banco Mundial y especialmente el Fondo Monetario Internacional fueron dos pilares del periodo conocido como “Neoliberalismo” o las políticas que dejaron al mundo al borde de la bancarrota. Por ahí oculto, detrás de un pulmón, yace el rostro siniestro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En cuestiones de golpe de estado, a la CIA nunca se lo puede descartar.

Todos estos grupos de interés, sin excepción, se pelean unos contra otros para determinar la agenda del gobierno. En su afán de influenciar debilitan el funcionamiento de los controles y balances.

En el caso hondureño, raras veces se ha visto a un sistema político equitativo. Durante la época neoliberal, tanto el Partido Nacional como el Liberal (anterior a Zelaya) fueron hegemonizados por grupos de interés de la derecha. Zelaya tomó parte de la vanguardia de su partido político mostrando un rostro conservador. El afán de reelegirse, lo hizo pelear con su propio partido e irremediablemente lo conllevó a los brazos de Hugo Chávez. Ahora es otro de sus hijos.

La constitución hondureña, al igual que la estadounidense, no es un documento hecho de hierro. Tiene flexibilidad. Está expuesta a la revisión de los magistrados y está abierta a una enmienda constitucional. Además, puede ser cambiado por medio de un plebiscito universal.

Al fin y al cabo, la Constitución es un “pacto social” de los componentes de la sociedad.

En este sentido, aquí en Estados Unidos o en cualquier país de América Latina, el Ejecutivo y el Legislativo tienen todo el derecho de cambiarla. Claro, cuando esto sucede, se nota que existe una crisis política institucional.

El hecho de que muchos comentaristas y periodistas busquen en la constitución hondureña un argumento para avalar la destitución del gobierno de Zelaya es uno de los principales indicadores de la falta de conocimiento de la teoría democrática y del gobierno de este país.

Racismo de la derecha

Se ve con toda claridad –de arriba hacia abajo y de izquierda a la derecha— que la nueva propuesta de un grupo de activistas radicales de la derecha atenta contra los derechos constitucionales de un sector de la ciudadanía.

Su nueva meta ahora es negar la ciudadanía a los hijos de las personas indocumentadas. Esta propuesta no tiene otra intención que crear odio, racismo y volver al antro de la segregación.

“Los ilegales y sus hijos cuestan al estado multi-millones de dólares. Es una invasión a través de la procreación”, dijo Barbara Coe, la misma persona que inició la campaña de la propuesta 187 en 1994, el cual tuvo como objetivo quitar los beneficios públicos a niños en edad escolar.

Recordemos que el electorado californiano aprobó la propuesta 187 con un porcentaje de 59 a favor y 41 en contra. Empero, un juez federal lo halló inconstitucional.

Del mismo modo, el nuevo plan de propuesta es prácticamente irrealizable e inconstitucional. Sin embargo, la morbosidad y el atrevimiento de la gente que la propone es lo que nos debe preocupar.

Los líderes de estos grupos radicales pretenden utilizar la crisis económica como una carta para lograr el apoyo del electorado californiano. Es probable que logren acumular las firmas necesarias para que esta propuesta sea incluida en la papeleta de sufragio de las elecciones de 2010. En el peor de los casos, puede ser que el electorado californiano, al igual como ocurrió con la Prop. 187, apoye esta propuesta racista.

Sin embargo, la Constitución es muy clara con relación al tema de la ciudadanía. La enmienda 14 de la Constitución del Estado dice claramente: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, por ende su jurisdicción, son ciudadanos de los Estado Unidos y del estado en donde [estas personas] residen”.

Una enmienda a la Constitución del Estado es una tarea difícil y casi imposible de alcanzar. No es como en Venezuela o Bolivia, en donde los presidentes de estos países propusieron un plebiscito a nivel nacional a través de maniobras cuestionables y lograron cambiar la forma de gobierno.

A simple vista, el grupo liderado por organizaciones ultraconservadoras, el cual incluye a Dana Rohrabacher, representante republicano de Huntington Beach, pretende –si se quiere— utilizar ese mecanismo latinoamericano para cambiar la Constitución.

Por cuestiones de estrategia, ignorancia y mala información, estos grupos no toman en cuenta que, para enmendar la Constitución, se necesita la aprobación de 2/3 de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados (representantes), la ratificación de 3/4 de los gobernantes de cada estado. Es decir los representantes y el gobernador de 37 de los 50 estados tienen que aprobar la enmienda por mayoría simple. Finalmente, se necesita la firma del Presidente.

A estas alturas, es más fácil revivir a un muerto que cambiar la Constitución.

De todos modos, la comunidad latina no puede quedarse con los brazos cruzados ante este nuevo atropello contra nuestros hijos. Los medios de comunicación y activistas políticos han recomendado que la participación política es fundamental para que nuestros derechos sean respetados. Por lo menos debemos apersonarnos a las cabinas de sufragio cuando el sistema democrático nos requiere hacerlo. Votar es una obligación moral.