Recientemente una coalición de grupos latinos cristianos en Washington, D.C. propusieron boicotear el censo que se llevará a cabo el próximo año. Aparentemente es una forma de protesta y de presión para que el gobierno de Barack Obama solucione el problema migratorio.
Para algunos, esta propuesta suena como buena estrategia. En el fondo, sin embargo, es un suicidio político encarnizado que producirá más lamentos que alegrías en la comunidad latina.
Los medios de comunicación, incluyendo a La Opinión, ya se encargaron de propagar información en torno a las repercusiones negativas si la comunidad latina se niega a ser incluida en el censo. Si nos negamos habrá menos fondos federales para la educación de nuestros niños, para el desarrollo de la vivienda, salubridad, transporte, proyectos asociados con los gobiernos municipales, organizaciones no lucrativas, etc.
Al gobierno no le importa si una persona es indocumentada o documentada. A los burócratas de Washington sólo les importante saber el número de habitantes de un determinado estado, condado y/o municipio; cuál es la población de niños/as, de adolescentes, de personas de la tercera edad; si hay más hombres que mujeres; si somos casados, solteros o divorciados; cual es el nuestro nivel de educación y económico; a que grupos étnico nacional pertenecemos; si rentamos o tenemos nuestra propia casita; si tenemos autos o caminamos para movilizarnos; etc.
Las preguntas de un censo son, en general, concretas. No deben discriminar o deben pretender ayudar a algún sector de la población.
Los datos del censo son extremadamente importantes para que el gobierno federal haga su tarea con mayor efectividad; distribuya los recursos económicos ecuánimemente, proponga proyectos políticos y sociales en forma justa. Sin esos datos, el gobierno federal sería como una entidad invidente sin capacidad de ver las necesidades de su población.
A través de los datos que le produce el censo y especialmente con la ayuda de investigadores sociales y económicos en los centros universitarios o instituciones especializadas de investigación (think tanks), el gobierno se nutre de todo tipo de proyectos y recién tiene la capacidad de implementar políticas.
La regla normalmente es, cuánto más grande la población de una ciudad, mayores son las necesidades económicas y sociales para mantener a su población en armonía relativa. Los Ángeles, Nueva York o una ciudad cosmopolita gigante son como una familia con muchos hijos. El gobierno tiene más mayor responsabilidad de dotarles recursos económicos para coartar problemas sociales.
Si entidades académicas o investigadores privados informan, a través de un estudio, que los niveles de crimen en una ciudad ha incrementado –Compton está entre los más afectados—, es muy probable que el gobierno presione a los dirigentes municipales (alcalde y concejales) que los recursos federales se distribuyan en áreas de reducción de crimen.
En la rama política sucede casi lo mismo. A mayor número de gente en un estado, mayor es la necesidad de representantes. En este sentido, los distritos electorales también sufren transformaciones con los datos del censo.
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