Saturday, June 13, 2009

Sistema de seguro médico encancerado

Al “pobre” senador Edward Kennedy lo dejaron más enfermo que nunca. Presentó un proyecto de salud pública universal en el Senado. Los golpes le llovieron por el flanco derecho, allí donde se sientan los que defienden a los intereses de la industria aseguradora, de las empresas farmacéuticas, de la asociación de doctores, de los HMOs, en fin, del gran capital.

Así como destruyeron el plan de Hillary Rodham Clinton, a pocos meses del mandato presidencial de su esposo, nuevamente este conglomerado de actores políticos poderosos empezaron a conciliar sus diferencias, armaron un plan de defensa prusiano y ahora están listos para atestar con uñas y dientes contra el proyecto Kennedy. Lo quieren muerto.

El sueño del senador Kennedy es crear un proyecto de salud pública similar al que a él le otorga el gobierno federal.

Una persona pobre o de clases media bajo las mismas condiciones de salud de Kennedy, pero sin un seguro médico y con un sistema de hospitales que cobran una fortuna, no hubiese tenido ninguna opción de vida.

Ante una situación económica desesperante, la población mayoritaria norteamericana prefiere priorizar las necesidades primarias (comida, techo y cobija) antes de gastar mensualmente en un sistema de seguros privados. Sólo cuando existe una situación de apremio, como un infarto respiratorio, una peritonitis o un problema que requiere de un trabajo quirúrgico inmediato, etc., dichas persona acuden a la sala de emergencia de un hospital.

En muchos casos, el servicio profesional de doctores y enfermeras/as prevalece, pero en otros las enfermedades están demasiadas avanzadas. Los pacientes no hacen más que despedirse.

Empero, en ambas situaciones, las consecuencias económicas del trabajo de emergencia son inconmensurables. Valen miles de dólares. En una emergencia los doctores y enfermeras hacen un trabajo riguroso para que el paciente pueda restablecerse de su enfermedad. También invierten mucho tiempo para librarse de cualquier tipo de responsabilidad legal que pueda comprometerlos en un juicio de malpráctica.

No queremos especular con una cifra exacta, pero sí podemos certificar que las familias con escasos recursos no tienen dinero suficiente para pagar unas cuentas estrafalarias. Incluso, familias de nivel económico medio que tienen un seguro médico privado no tiene capacidad de pagar el porcentaje mínimo del Premium o del costo total de los gastos por el trabajo de emergencia.

¿Entonces quién paga? En algunos casos, los hospitales tienen capacidad de absorber algunos costos. Otros centros de salud que están fuertemente asediados por muchos pacientes sin seguro médico tienen que recurrir a la ayuda del gobierno estatal, de patrocinadores privados y el alma caritativa de algún rico que los ayude.

Al final, es el gobierno, es decir los contribuyentes (nosotros a través de nuestros impuestos), es el que paga los platos rotos de un sistema de salud engusanado, lleno de fechorías y limitado a dejar grandes réditos a las aseguradoras, a los HMOs y a un grupo de “aves rapiñas” que lucran con la enfermedad de la gente.

El proyecto del Senador Kennedy precisamente encara estos problemas y trata de crear un sistema que nos pueda dar una luz de esperanza a aquellos que no tenemos un seguro médico. A fin y al cabo, la salud no es un privilegio sino un derecho.

Thursday, June 4, 2009

Suicidio político

Recientemente una coalición de grupos latinos cristianos en Washington, D.C. propusieron boicotear el censo que se llevará a cabo el próximo año.  Aparentemente es una forma de protesta y de presión para que el gobierno de Barack Obama solucione el problema migratorio.

Para algunos, esta propuesta suena como buena estrategia.  En el fondo, sin embargo, es un suicidio político encarnizado que producirá más lamentos que alegrías en la comunidad latina.

            Los medios de comunicación, incluyendo a La Opinión, ya se encargaron de propagar información en torno a las repercusiones negativas si la comunidad latina se niega a ser incluida en el censo.   Si nos negamos habrá menos fondos federales para la educación de nuestros niños, para el desarrollo de la vivienda, salubridad, transporte, proyectos asociados con los gobiernos municipales, organizaciones no lucrativas, etc.

Al gobierno no le importa si una persona es indocumentada o documentada.  A los burócratas de Washington sólo les importante saber el número de habitantes de un determinado estado, condado y/o municipio; cuál es la población de niños/as, de adolescentes, de personas de la tercera edad; si hay más hombres que mujeres; si somos casados, solteros o divorciados; cual es el nuestro nivel de educación y económico; a que grupos étnico nacional pertenecemos; si rentamos o tenemos nuestra propia casita; si tenemos autos o caminamos para movilizarnos; etc.

Las preguntas de un censo son, en general, concretas.  No deben discriminar o deben pretender ayudar a algún sector de la población.

Los datos del censo son extremadamente importantes para que el gobierno federal haga su tarea con mayor efectividad; distribuya los recursos económicos ecuánimemente, proponga proyectos políticos y sociales en forma  justa.  Sin esos datos, el gobierno federal sería como una entidad invidente sin capacidad de ver las necesidades de su población.

A través de los datos que le produce el censo y especialmente con la ayuda de investigadores sociales y económicos en los centros universitarios o instituciones especializadas de investigación (think tanks), el gobierno se nutre de todo tipo de proyectos y recién tiene la capacidad de implementar políticas.

            La regla normalmente es, cuánto más grande la población de una ciudad, mayores son las necesidades económicas y sociales para mantener a su población en armonía relativa.  Los Ángeles, Nueva York o una ciudad cosmopolita gigante son como una familia con muchos hijos.  El gobierno tiene más mayor responsabilidad de dotarles recursos económicos para coartar problemas sociales.

Si entidades académicas o investigadores privados informan, a través de un estudio, que los niveles de crimen en una ciudad ha incrementado –Compton está entre los más afectados—, es muy probable que el gobierno presione a los dirigentes municipales (alcalde y concejales) que los recursos federales se distribuyan en áreas de reducción de crimen.

En la rama política sucede casi lo mismo.  A mayor número de gente en un estado, mayor es la necesidad de representantes.  En este sentido, los distritos electorales también sufren transformaciones con los datos del censo.

            Así, es muy importante que la comunidad latina ignore el llamado de aquellas personas que insisten en boicotear el censo.  No nos pongamos la soga en el cuello.  Todos, especialmente la población indocumentada, tenemos la obligación a llenar los formatos del censo.